Los asuntos judiciales mejor en manos de un abogado experto en litigios. El auténtico abogado litigador, que es la esencia del ejercicio de ésta profesión, sabe diseñar y ejecutar la mejor estrategia procesal, la más idónea para la defensa de los intereses y derechos de sus clientes. El abogado litigador es una garantía para la llevanza de los asuntos ante los tribunales.
Al margen de un conocimiento práctico del funcionamiento de los procedimientos judiciales, el abogado litigador ha de reunir una serie de habilidades que son específicas para el “combate jurídico”, entre ellas, ha de ser un buen comunicador, con una expresión tanto oral como escrita, ágil y dinámica.
Como abogado penalista y experto en litigación civil, además, considero que para llevar de forma correcta y solvente los asuntos judiciales que nos encomiendan nuestros clientes, es precisa mucha dedicación. Hay que invertir el tiempo necesario para estudiar el asunto, tanto sea un asunto penal como civil, para analizar los hechos, reflexionar sobre su viabilidad jurídica, valorar circunstancias y pruebas, decidir la solución más satisfactoria, así como, tiempo para preparar demandas, querellas, declaraciones y otras diligencias, y juicios. Por lo que, atender a muchos asuntos judiciales a la vez, casa mal con un servicio profesional eficaz y eficiente.
Sin una implicación cien por cien en los asuntos encomendados, no se consigue el rigor y pulcritud profesional que merecen los clientes que depositan su confianza en un abogado.
Rojas Jaile advocat, desarrollo el derecho procesal, penal y civil
viernes, 19 de febrero de 2016
jueves, 21 de enero de 2016
La Prisión Permanente revisable
Empezaré diciendo, que el derecho penal no es un medio para prevenir la delincuencia, lo es para castigar. Alguien dirá que es una visión primitiva del mismo, pero en mi opinión como jurista, el derecho penal ha de ser puro castigo, para no faltar al compromiso que tiene todo Estado con las víctimas y los perjudicados de una infracción penal.
Como abogado que ejerce el derecho penal, tanto como letrado defensor como letrado acusador, abogo por un derecho penal exento de aquellas corrientes científicas, filosóficas y doctrinales, que han ido desnaturalizando la esencia auténtica del derecho penal. Lo cierto, es que este pensamiento jurídico, este planteamiento, no es el generalizado, pero considero que hay debate. Hago estas reflexiones a propósito de la reciente reforma del Código Penal, y de su entrada en vigor en julio pasado, y sobre la regulación de la nueva pena nominada prisión permanente revisable, que ha suscitado un estado de opinión contraria a la misma, ya durante su gestación. En relación a dicha pena que merece especial consideración, saltaron acaloradas voces críticas, que considero que eran erróneas y recurrentes.
Hay juristas que han aseverado que es una pena represora, anticonstitucional, inhumana, e incluso que supone una auténtica cadena perpetua encubierta, y que demuestra la renuncia definitiva a la resocialización y reinserción de determinados delincuentes. Bien, al margen que esa pena está avalada por el derecho europeo comparado, y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa clase opiniones, ya pecan en su origen, y hablan por sí mismo de los detractores de la nueva sanción penal, pues manifiestan más preocupación por el delincuente que por reparar a la víctima y satisfacerla de algún modo. ¿Para esos juristas sirve de algo la prisión?, para las víctimas y/o familiares de las víctimas puede ser poco castigo. No hay que olvidar que quien castiga es el Estado, tiene ese ius puniendi que le hemos cedido, en el bien entendido de ejercerlo correctamente, pensando en las víctimas, en los ciudadanos, y por tanto en su satisfacción, sin consideraciones intelectuales. Ese es el contrato y compromiso, y si falla, aparece la justicia de propia mano, y entonces sí que podríamos hablar de justicia primitiva.
Pero es que además, esa pena está pensada y destinada a castigar por una clase de delitos concretos, que por su naturaleza, merecen una mayor atención. Esta pena solo está pensada para casos excepcionales, de especial gravedad, como terrorismo, asesinatos en serie, de menores 16 años o cometidos por grupos organizados. Creo que es deseable, que en estos tipos de delitos, a sus autores se les ponga en una especie de cuarentena de confianza, como así se propone en el Código Pena, para evaluar si su pronóstico de reinserción es favorable y puede quedar en libertad, tras haber cumplido una parte de la condena. Es decir, la pena tiene como finalidad, garantizar precisamente que el delincuente está reinsertado, arrepentido, ha de pasar un filtro de exigencias. Entonces pregunto, ¿Es descabellada la motivación de la regulación de esa pena? ¿Es razonable la finalidad que cumple esa pena?. Como se dice es "una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que deba ser orientada la ejecución de las penas de prisión".
Esos mismos paladines de la resocialización y reinserción de los delincuentes, son los que también consideran que endurecer las penas no sirve para prevenir el delito, y que además, no responde a ninguna razón de política criminal justificada. Ya de entrada, esas opiniones que pueden parecer axiomas, carecen de reflexión, pues carecen de método, y no hace falta el cartesiano. Yo por ejemplo, defiendo el endurecimiento de las penas, pero con la finalidad de garantizar el castigo, es decir, de garantizar la ejecución de las penas, y no para prevenir el delito. Sería una memez pensar y decir que el derecho penal sirve para prevenir la delincuencia, y que se consigue con unas penas elevadas. Los planteamientos que postulan una penalidad más leve, son desafortunados, por confundir lo de la prevención de delitos con la ejecución de las penas.
Considero que lo importante es hacer del Código Penal un instrumento eficaz y práctico con su finalidad, su aplicación para castigar. Consecuentemente, considero inevitable para garantizar el castigo, para garantizar la ejecución de condenas, que haya que elevar la penas, pues la pena de prisión impuesta en una sentencia será determinante, pues los penalistas sabemos de los recorridos abstractos de las penas que tienen cada delito, y del “tiempo de las rebajas” que se hacen con las mismas; me refiero a los beneficios de las conformidades con la reducción de las penas de prisión, de las suspensiones de condena, y de las sustituciones de las penas de prisión por otras no privativas de libertad, de las libertades condicionales. Insisto, no se puede faltar con el compromiso con las víctimas y perjudicados.
Como abogado que ejerce el derecho penal, tanto como letrado defensor como letrado acusador, abogo por un derecho penal exento de aquellas corrientes científicas, filosóficas y doctrinales, que han ido desnaturalizando la esencia auténtica del derecho penal. Lo cierto, es que este pensamiento jurídico, este planteamiento, no es el generalizado, pero considero que hay debate. Hago estas reflexiones a propósito de la reciente reforma del Código Penal, y de su entrada en vigor en julio pasado, y sobre la regulación de la nueva pena nominada prisión permanente revisable, que ha suscitado un estado de opinión contraria a la misma, ya durante su gestación. En relación a dicha pena que merece especial consideración, saltaron acaloradas voces críticas, que considero que eran erróneas y recurrentes.
Hay juristas que han aseverado que es una pena represora, anticonstitucional, inhumana, e incluso que supone una auténtica cadena perpetua encubierta, y que demuestra la renuncia definitiva a la resocialización y reinserción de determinados delincuentes. Bien, al margen que esa pena está avalada por el derecho europeo comparado, y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa clase opiniones, ya pecan en su origen, y hablan por sí mismo de los detractores de la nueva sanción penal, pues manifiestan más preocupación por el delincuente que por reparar a la víctima y satisfacerla de algún modo. ¿Para esos juristas sirve de algo la prisión?, para las víctimas y/o familiares de las víctimas puede ser poco castigo. No hay que olvidar que quien castiga es el Estado, tiene ese ius puniendi que le hemos cedido, en el bien entendido de ejercerlo correctamente, pensando en las víctimas, en los ciudadanos, y por tanto en su satisfacción, sin consideraciones intelectuales. Ese es el contrato y compromiso, y si falla, aparece la justicia de propia mano, y entonces sí que podríamos hablar de justicia primitiva.
Pero es que además, esa pena está pensada y destinada a castigar por una clase de delitos concretos, que por su naturaleza, merecen una mayor atención. Esta pena solo está pensada para casos excepcionales, de especial gravedad, como terrorismo, asesinatos en serie, de menores 16 años o cometidos por grupos organizados. Creo que es deseable, que en estos tipos de delitos, a sus autores se les ponga en una especie de cuarentena de confianza, como así se propone en el Código Pena, para evaluar si su pronóstico de reinserción es favorable y puede quedar en libertad, tras haber cumplido una parte de la condena. Es decir, la pena tiene como finalidad, garantizar precisamente que el delincuente está reinsertado, arrepentido, ha de pasar un filtro de exigencias. Entonces pregunto, ¿Es descabellada la motivación de la regulación de esa pena? ¿Es razonable la finalidad que cumple esa pena?. Como se dice es "una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que deba ser orientada la ejecución de las penas de prisión".
Esos mismos paladines de la resocialización y reinserción de los delincuentes, son los que también consideran que endurecer las penas no sirve para prevenir el delito, y que además, no responde a ninguna razón de política criminal justificada. Ya de entrada, esas opiniones que pueden parecer axiomas, carecen de reflexión, pues carecen de método, y no hace falta el cartesiano. Yo por ejemplo, defiendo el endurecimiento de las penas, pero con la finalidad de garantizar el castigo, es decir, de garantizar la ejecución de las penas, y no para prevenir el delito. Sería una memez pensar y decir que el derecho penal sirve para prevenir la delincuencia, y que se consigue con unas penas elevadas. Los planteamientos que postulan una penalidad más leve, son desafortunados, por confundir lo de la prevención de delitos con la ejecución de las penas.
Considero que lo importante es hacer del Código Penal un instrumento eficaz y práctico con su finalidad, su aplicación para castigar. Consecuentemente, considero inevitable para garantizar el castigo, para garantizar la ejecución de condenas, que haya que elevar la penas, pues la pena de prisión impuesta en una sentencia será determinante, pues los penalistas sabemos de los recorridos abstractos de las penas que tienen cada delito, y del “tiempo de las rebajas” que se hacen con las mismas; me refiero a los beneficios de las conformidades con la reducción de las penas de prisión, de las suspensiones de condena, y de las sustituciones de las penas de prisión por otras no privativas de libertad, de las libertades condicionales. Insisto, no se puede faltar con el compromiso con las víctimas y perjudicados.
Sobre el compromiso del Fiscal Horrach con la Infanta Dña. Cristina de Borbón
En el caso “Nóos”, asunto penal de corrupción donde la Infanta Cristina de Borbón aparece como acusada por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, considero que el fiscal ha hecho y sigue haciendo una actuación de lo más singular o inaudita en la praxis forense, por utilizar eufemismos. En lugar de estar callado sobre la acusación que se ejerce contra la Infanta por otros personados, pues la Fiscalía no la ejerce contra ella, el señor fiscal Horrach, se ejercita con celo y pasión en defensa de la infanta; el objetivo es excluirla del procedimiento, que no sea juzgada, y los argumentos son que sólo la acusa la acusación popular (Manos Limpias), y según su tesis, y postulando la llamada “doctrina Botín”, la infanta no puede seguir siendo acusada, pues tanto el Ministerio Público y la Abogacía del Estado no ejercen acusación alguna contra ella. Bien, esto no es lo normal, no es al uso por parte del Ministerio Fiscal, diríamos mejor, que no es costumbre del lugar ejercer esa defensa aguerrida, con tanto empeño, y diferida, no siendo el letrado defensor de la infanta.
Claro, es bien cierto, y se dice de manual, que los fiscales son garantes de la legalidad, que quiere decir que son veladores de los derechos y garantías que tiene todo acusado en un procedimiento penal, pero es una circunstancia poco vista solaparse en el cometido del letrado defensor, y con tanto ahínco aún menos. Dejando suspicacias a parte, la praxis forense me ha demostrado, que los fiscales, ni tan siquiera recuerdan a menudo un principio tan básico que les rige en sus actuaciones en los procedimientos penales, como es el principio de imparcialidad, que les obliga a apreciar en un procedimiento penal, tanto las circunstancias adversas como favorables a todo encausado; me refiero a que no recuerdan la parte de las circunstancias favorables al presunto reo, claro, no se esfuerzan en ello.
Ahora con el caso Nóos, lamento ver ese favoritismo, esa excepcionalidad de trato y derroche de esfuerzo que se está dispensando con la Infanta Dña. Cristina de Borbón. Vaya, parece que todos no somos iguales ante la Administración de Justicia, ante la ley…puede.
Claro, es bien cierto, y se dice de manual, que los fiscales son garantes de la legalidad, que quiere decir que son veladores de los derechos y garantías que tiene todo acusado en un procedimiento penal, pero es una circunstancia poco vista solaparse en el cometido del letrado defensor, y con tanto ahínco aún menos. Dejando suspicacias a parte, la praxis forense me ha demostrado, que los fiscales, ni tan siquiera recuerdan a menudo un principio tan básico que les rige en sus actuaciones en los procedimientos penales, como es el principio de imparcialidad, que les obliga a apreciar en un procedimiento penal, tanto las circunstancias adversas como favorables a todo encausado; me refiero a que no recuerdan la parte de las circunstancias favorables al presunto reo, claro, no se esfuerzan en ello.
Ahora con el caso Nóos, lamento ver ese favoritismo, esa excepcionalidad de trato y derroche de esfuerzo que se está dispensando con la Infanta Dña. Cristina de Borbón. Vaya, parece que todos no somos iguales ante la Administración de Justicia, ante la ley…puede.
Los despachos de abogados o “boutiques legals”
La crisis económica ha hecho reordenar y reestructurar los despachos de abogados. Durante la crisis económica, se han cerrado firmas de abogados. Se han hecho y siguen haciéndose reducciones de plantilla, o se crean nuevas áreas o departamentos de áreas de negocio antes desmerecidas; es un sector que ha sufrido una importante transformación y cambios.
La realidad es que en algunos despachos grandes y medianos, cuyas carteras de clientes eran preferentemente personas jurídicas (mercantiles, pymes, sociedades, empresas) han tenido que dejar de lado sus prestaciones de servicios de exclusiva vocación mercantil, reinventarse y por ejemplo, han reforzado sus áreas de procesal, es decir la de litigios. El motivo, que la coyuntura ha hecho que las empresas hayan reducido sus costes, muchas se han liquidado y otras están en esa vía, declarándose en concurso, lo que ha repercutido en los despachos mercantilistas o de empresa. Si bien es cierto, que hay un auge en la contratación de abogados generalistas, por parte de éstos despachos, que sepan capear asuntos diversos, y conozcan los procedimientos de las diversas ramas del derecho, los hay que están apostando por una especialización muy concreta, y los que apuestan por los asuntos estrella de temporada, adaptándose a las necesidades y oportunidades del mercado, como ahora serian los despachos de abogados con dedicación preferente en temas bancarios.
Yo personalmente, como abogado de pequeño despacho donde el trato es directo (boutique legal), garantizo a mis clientes un servicio profesional y una solvencia jurídica, con un compromiso e implicación personal en el asunto encomendado.
La realidad es que en algunos despachos grandes y medianos, cuyas carteras de clientes eran preferentemente personas jurídicas (mercantiles, pymes, sociedades, empresas) han tenido que dejar de lado sus prestaciones de servicios de exclusiva vocación mercantil, reinventarse y por ejemplo, han reforzado sus áreas de procesal, es decir la de litigios. El motivo, que la coyuntura ha hecho que las empresas hayan reducido sus costes, muchas se han liquidado y otras están en esa vía, declarándose en concurso, lo que ha repercutido en los despachos mercantilistas o de empresa. Si bien es cierto, que hay un auge en la contratación de abogados generalistas, por parte de éstos despachos, que sepan capear asuntos diversos, y conozcan los procedimientos de las diversas ramas del derecho, los hay que están apostando por una especialización muy concreta, y los que apuestan por los asuntos estrella de temporada, adaptándose a las necesidades y oportunidades del mercado, como ahora serian los despachos de abogados con dedicación preferente en temas bancarios.
Yo personalmente, como abogado de pequeño despacho donde el trato es directo (boutique legal), garantizo a mis clientes un servicio profesional y una solvencia jurídica, con un compromiso e implicación personal en el asunto encomendado.
jueves, 14 de enero de 2016
Protecció dels consumidors en el transport aeri
Aquí no vull referir-me sobre la responsabilitat civil de les aerolínies en cas d'accident, i sempre referint-me al transport en l'espai aeri europeu, recordaré en unes breus pinzellades, els drets dels passatgers davant aquelles incidències tan freqüents, i que han d'assumir les companyies de transport aeri.
En dates d'alta contractació de vols, les incidències són més freqüents, i les companyies aèries no responen com deguessin a les queixes i reclamacions de forma diligent. A Espanya les aerolínies estan obligades a disposar de fulls de reclamació. Generalment l'atenció al client actua d'una manera esquiva, i les contestacions per escrit són d'allò més formals i estàndards, normal per l'allau de queixes que s'han de contestar en situacions puntuals. Per tant, cal conèixer molt bé, quins passos cal seguir per reclamar per algun incompliment, i si n'hi ha també, els danys i perjudicis causats, i els danys morals per l'incompliment contractual de l'aerolínia. En línies generals, el més aconsellable, és deixar ja constància de la queixa o reclamació, davant l'atenció al client de la companyia aèria incomplidora, si taulell d'informació o venda de bitllets o oficines en el mateix aeroport abans de abandonar-lo. Si no tingués taulell algun l'aerolínia, es pot presentar la queixa davant el taulell d'AENA (Aeropuestos Españoles de Navegación Aérea), en cas d'estar a Espanya. Si no es pogués en aquest moment per diverses raons, a la major brevetat, l'aconsellable, és adreçar una reclamació extrajudicial via burofax amb certificat de contingut al domicili social de la companyia aèria. Tot això per anar preparant una reclamació per la via judicial o la de l'arbitratge de consum, per si la contestació de la companyia aèria no és satisfactòria acord amb els nostres interessos. En el cas d'incidències relacionades amb l'equipatge facturat, també es pot acudir al taulell de l'empresa que fa l'assistència en terra de la aerolínea, i formular la queixa en un imprès denominat Comunicat d'Irregularitat d'Equipatge.
Evidentment, hi ha una normativa comuna a la UE que regula l'explotació dels serveis aeris a la Unió Europea, i a més a més, normes establint una protecció als passatgers com a consumidors o usuaris que han contractat un servei de transport. Doncs bé, amb la guerra comercial de preus entre les companyies aèries, una situació molt recurrent és la problemàtica que genera el preu del bitllet d'avió i la facturació de l'equipatge. És habitual que es susciti aquest increment sense una informació clara sobre això, quan avui en dia les gestions són realitzades on-line. La veritat és que al respecte s'ha pronunciat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en diverses sentències, on recorda que el servei de les companyies aèries consisteix en el transport de passatgers i que el servei de transport de l'equipatge facturat és un servei opcional i suplement del contracte de transport de passatgers. Això es tradueix en que les companyies aèries tenen llibertat comercial per decidir si cobren aquest servei opcional, emparat pel Reglament (CE) 1008/2008, del Parlament Europeu i del Consell, sobre llibertat de preus, això sí, tenen l'obligació d'informar clarament als consumidors, quin és el preu final del servei de transport. Això que els és per l'equipatge facturat, no és aplicable per l'equipatge de mà, on si hi ha limitacions comercials, ja que l'equipatge de mà no pot ser objecte de suplement de preu, sempre que compleixi amb els estàndards de pes i dimensions, i requisits de seguretat.
Incidències de naturalesa diferent a la de l'increment sorprenent del preu del bitllet i en el marc del transport aeri, són per exemple, la del retard del vol, denegació d'embarcament (overbooking), cancel·lació de vol, pèrdua o dany d'equipatge. Totes aquestes situacions, suposen incompliments de les condicions contractuals del transport, només excusables per causes de força major. Són situacions que vénen prescrites per la normativa comunitària, on es regulen els drets dels consumidors enfront de l'incompliment contractual de les companyies aèries, i conseqüentment, susceptibles de queixa i reclamació. Així tenim, el Reglament (CE) nº 261/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de febrer de 2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols, que estableix un dret de compensació que tot passatger ha de rebre en cas de retard i de cancel·lació, a més del dret de reemborsament o transport alternatiu, i atenció al client, que aquesta es refereix a facilitar beguda i menjar necessària durant l'espera, així com d'altres serveis i atencions, com els serveis de comunicació.
Respecte al dret de compensació, aquest consisteix en una quantitat taxada i automàtica que opera sempre, i oscil·la entre els 250, 400 i 600 euros, depenent de les distàncies que hi hagi entre els aeroports d'arribada i destinació, i les hores de retard. Aquest dret és compatible amb la reclamació per perjudicis i danys morals que s'hagin produït, que hauran de ser acreditats i justificats.
Així mateix, per al cas de les incidències amb l’equipatge facturat, i d’acord amb la normativa comunitària que incorpora a l’àmbit europeu el Conveni de Montreal, les aerolíneas són responsables del dany o destrucció, i pèrdua de l’equipatge facturat, per la sola raó que el fet s’hagi produït a bord de l’aeronau o durant qualsevol període en qué l’equipatge facturat es trobés sota la custòdia de l’aerolínea transportista.
En dates d'alta contractació de vols, les incidències són més freqüents, i les companyies aèries no responen com deguessin a les queixes i reclamacions de forma diligent. A Espanya les aerolínies estan obligades a disposar de fulls de reclamació. Generalment l'atenció al client actua d'una manera esquiva, i les contestacions per escrit són d'allò més formals i estàndards, normal per l'allau de queixes que s'han de contestar en situacions puntuals. Per tant, cal conèixer molt bé, quins passos cal seguir per reclamar per algun incompliment, i si n'hi ha també, els danys i perjudicis causats, i els danys morals per l'incompliment contractual de l'aerolínia. En línies generals, el més aconsellable, és deixar ja constància de la queixa o reclamació, davant l'atenció al client de la companyia aèria incomplidora, si taulell d'informació o venda de bitllets o oficines en el mateix aeroport abans de abandonar-lo. Si no tingués taulell algun l'aerolínia, es pot presentar la queixa davant el taulell d'AENA (Aeropuestos Españoles de Navegación Aérea), en cas d'estar a Espanya. Si no es pogués en aquest moment per diverses raons, a la major brevetat, l'aconsellable, és adreçar una reclamació extrajudicial via burofax amb certificat de contingut al domicili social de la companyia aèria. Tot això per anar preparant una reclamació per la via judicial o la de l'arbitratge de consum, per si la contestació de la companyia aèria no és satisfactòria acord amb els nostres interessos. En el cas d'incidències relacionades amb l'equipatge facturat, també es pot acudir al taulell de l'empresa que fa l'assistència en terra de la aerolínea, i formular la queixa en un imprès denominat Comunicat d'Irregularitat d'Equipatge.
Evidentment, hi ha una normativa comuna a la UE que regula l'explotació dels serveis aeris a la Unió Europea, i a més a més, normes establint una protecció als passatgers com a consumidors o usuaris que han contractat un servei de transport. Doncs bé, amb la guerra comercial de preus entre les companyies aèries, una situació molt recurrent és la problemàtica que genera el preu del bitllet d'avió i la facturació de l'equipatge. És habitual que es susciti aquest increment sense una informació clara sobre això, quan avui en dia les gestions són realitzades on-line. La veritat és que al respecte s'ha pronunciat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en diverses sentències, on recorda que el servei de les companyies aèries consisteix en el transport de passatgers i que el servei de transport de l'equipatge facturat és un servei opcional i suplement del contracte de transport de passatgers. Això es tradueix en que les companyies aèries tenen llibertat comercial per decidir si cobren aquest servei opcional, emparat pel Reglament (CE) 1008/2008, del Parlament Europeu i del Consell, sobre llibertat de preus, això sí, tenen l'obligació d'informar clarament als consumidors, quin és el preu final del servei de transport. Això que els és per l'equipatge facturat, no és aplicable per l'equipatge de mà, on si hi ha limitacions comercials, ja que l'equipatge de mà no pot ser objecte de suplement de preu, sempre que compleixi amb els estàndards de pes i dimensions, i requisits de seguretat.
Incidències de naturalesa diferent a la de l'increment sorprenent del preu del bitllet i en el marc del transport aeri, són per exemple, la del retard del vol, denegació d'embarcament (overbooking), cancel·lació de vol, pèrdua o dany d'equipatge. Totes aquestes situacions, suposen incompliments de les condicions contractuals del transport, només excusables per causes de força major. Són situacions que vénen prescrites per la normativa comunitària, on es regulen els drets dels consumidors enfront de l'incompliment contractual de les companyies aèries, i conseqüentment, susceptibles de queixa i reclamació. Així tenim, el Reglament (CE) nº 261/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de febrer de 2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols, que estableix un dret de compensació que tot passatger ha de rebre en cas de retard i de cancel·lació, a més del dret de reemborsament o transport alternatiu, i atenció al client, que aquesta es refereix a facilitar beguda i menjar necessària durant l'espera, així com d'altres serveis i atencions, com els serveis de comunicació.
Respecte al dret de compensació, aquest consisteix en una quantitat taxada i automàtica que opera sempre, i oscil·la entre els 250, 400 i 600 euros, depenent de les distàncies que hi hagi entre els aeroports d'arribada i destinació, i les hores de retard. Aquest dret és compatible amb la reclamació per perjudicis i danys morals que s'hagin produït, que hauran de ser acreditats i justificats.
Així mateix, per al cas de les incidències amb l’equipatge facturat, i d’acord amb la normativa comunitària que incorpora a l’àmbit europeu el Conveni de Montreal, les aerolíneas són responsables del dany o destrucció, i pèrdua de l’equipatge facturat, per la sola raó que el fet s’hagi produït a bord de l’aeronau o durant qualsevol període en qué l’equipatge facturat es trobés sota la custòdia de l’aerolínea transportista.
Nou sistema per valorar danys i perjudicis derivats dels accidents de circulació
A partir l'1 de gener del 2016, està en vigor el nou sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, determinant les indemnitzacions per causa de mort, indemnitzacions per seqüeles (que són les deficiències físiques, intel·lectuals, orgàniques i sensorials i els perjudicis estètics que deriven d'una lesió i romanen un cop finalitzat el procés de curació; el material d'osteosíntesi que romana al terme d'aquest procés té la consideració de seqüela), i les indemnitzacions per lesions temporals.
Aquest nou sistema és fruit de la tasca iniciada el 2011, per un grup de treball (inicialment comissió d'experts), i de la implicació d'operadors de diferents sectors, realitzant aportacions, elaborant bases tècniques, efectuant suggeriments i anàlisi d'impacte econòmic, i sota les premisses de realitzar una reforma que havia de respectar els principis bàsics de la indemnització del dany corporal, com ara el de la integritat de la reparació, i el de separar la valoració dels danys patrimonials dels extrapatrimonials.
El nou sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, és un sistema que tracta de millorar el que ha perdurat durant vint anys, des de la Llei 30/95, de 8 de novembre d'Ordenació i Supervisió de les assegurances privades, que en el seu annex, instaurava per primera vegada un sistema vinculant, un barem per a la valoració del dany personal causat per accidents de circulació. Fa 20 anys, es va dur a terme aquesta tasca, fruit de l'interès del sector assegurador, per la progressiva integració de l'activitat asseguradora dins el marc jurídic del dret comunitari europeu, i per l'obligació de l'Estat Espanyol de transposar les nombroses directives per harmonitzar el ordenament jurídic i homogeneïtzar les quanties indemnitzatòries, en comparació amb altres països membres de la Unió Europea. En el seu moment, aquest sistema de valoració dels danys i perjudicis causats en les persones en accidents de circulació va ser eficaç i molt útil, fins i tot amb caràcter orientatiu per determinar i quantificar indemnitzacions en altres àmbits diferents al dels accidents causats per la circulació de vehicles a motor.
L'actual reforma no ve justificada només per que hagin transcorregut més de vint anys des de l'entrada en vigor de l'anterior sistema de valoració, sinó perquè aquest sistema, naixia insuficient, imperfecte, no satisfeia completament, ja que, encara que es va aconseguir seguretat jurídica, no complia entre d'altres, amb el principi bàsic del just rescabalament, la total indemnitat dels perjudicis soferts per les víctimes i les seves famílies. Ara, aquest just rescabalament, és un dels motius i raons de la reforma, com es manifesta en el mateix preàmbul de la nova llei, la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, i que modifica el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre.
En el preàmbul de la Llei 35/2015, s'afirma "El nou barem s'inspira i respecta el principi bàsic de la indemnització del dany corporal; la seva finalitat és la d'aconseguir la total indemnitat dels danys i perjudicis patits per situar la víctima en una posició el més semblant possible a la que tindria de no haver-se produït l'accident ". Així la reparació íntegra del dany es constitueix com un principi fonamental i rector del nou sistema, i la seva finalitat és la de compensar tot tipus de danys i perjudicis, tractant que la víctima i perjudicats quedin en la mateixa situació que tenien abans d'haver-se produït el accident de circulació.
Per a això, ara el nou sistema de valoració de danys i perjudicis té en compte totes les circumstàncies personals, familiars, socials i econòmiques de la víctima, tenint en compte les que incideixin en la pèrdua d'ingressos provinents del treball, i en la pèrdua de capacitat de guany per treball personal, l'anomenat lucre cessant. Precisament, aquesta qüestió plantejava molta polèmica i crítica, ja que el barem anterior no rescabalava adequadament el lucre cessant de les víctimes dels accidents de circulació.
Així doncs, el nou sistema de valoració, el nou barem per a l'àmbit dels accidents de circulació, justifica la seva conveniència i neix amb la vocació de reparació íntegra dels danys i perjudicis, i ha de suposar una millora del sistema vigent en el rescabalament indemnitzatori, i una aproximació a les quanties indemnitzatòries d'altres països membres de la UE, ja que en l'àmbit europeu s'han produït reformes tendents a garantir indemnitzacions suficients. Ara, recau sobre els advocats i altres operadors l'encertada aplicació del mateix.
Aquest nou sistema és fruit de la tasca iniciada el 2011, per un grup de treball (inicialment comissió d'experts), i de la implicació d'operadors de diferents sectors, realitzant aportacions, elaborant bases tècniques, efectuant suggeriments i anàlisi d'impacte econòmic, i sota les premisses de realitzar una reforma que havia de respectar els principis bàsics de la indemnització del dany corporal, com ara el de la integritat de la reparació, i el de separar la valoració dels danys patrimonials dels extrapatrimonials.
El nou sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, és un sistema que tracta de millorar el que ha perdurat durant vint anys, des de la Llei 30/95, de 8 de novembre d'Ordenació i Supervisió de les assegurances privades, que en el seu annex, instaurava per primera vegada un sistema vinculant, un barem per a la valoració del dany personal causat per accidents de circulació. Fa 20 anys, es va dur a terme aquesta tasca, fruit de l'interès del sector assegurador, per la progressiva integració de l'activitat asseguradora dins el marc jurídic del dret comunitari europeu, i per l'obligació de l'Estat Espanyol de transposar les nombroses directives per harmonitzar el ordenament jurídic i homogeneïtzar les quanties indemnitzatòries, en comparació amb altres països membres de la Unió Europea. En el seu moment, aquest sistema de valoració dels danys i perjudicis causats en les persones en accidents de circulació va ser eficaç i molt útil, fins i tot amb caràcter orientatiu per determinar i quantificar indemnitzacions en altres àmbits diferents al dels accidents causats per la circulació de vehicles a motor.
L'actual reforma no ve justificada només per que hagin transcorregut més de vint anys des de l'entrada en vigor de l'anterior sistema de valoració, sinó perquè aquest sistema, naixia insuficient, imperfecte, no satisfeia completament, ja que, encara que es va aconseguir seguretat jurídica, no complia entre d'altres, amb el principi bàsic del just rescabalament, la total indemnitat dels perjudicis soferts per les víctimes i les seves famílies. Ara, aquest just rescabalament, és un dels motius i raons de la reforma, com es manifesta en el mateix preàmbul de la nova llei, la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, i que modifica el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre.
En el preàmbul de la Llei 35/2015, s'afirma "El nou barem s'inspira i respecta el principi bàsic de la indemnització del dany corporal; la seva finalitat és la d'aconseguir la total indemnitat dels danys i perjudicis patits per situar la víctima en una posició el més semblant possible a la que tindria de no haver-se produït l'accident ". Així la reparació íntegra del dany es constitueix com un principi fonamental i rector del nou sistema, i la seva finalitat és la de compensar tot tipus de danys i perjudicis, tractant que la víctima i perjudicats quedin en la mateixa situació que tenien abans d'haver-se produït el accident de circulació.
Per a això, ara el nou sistema de valoració de danys i perjudicis té en compte totes les circumstàncies personals, familiars, socials i econòmiques de la víctima, tenint en compte les que incideixin en la pèrdua d'ingressos provinents del treball, i en la pèrdua de capacitat de guany per treball personal, l'anomenat lucre cessant. Precisament, aquesta qüestió plantejava molta polèmica i crítica, ja que el barem anterior no rescabalava adequadament el lucre cessant de les víctimes dels accidents de circulació.
Així doncs, el nou sistema de valoració, el nou barem per a l'àmbit dels accidents de circulació, justifica la seva conveniència i neix amb la vocació de reparació íntegra dels danys i perjudicis, i ha de suposar una millora del sistema vigent en el rescabalament indemnitzatori, i una aproximació a les quanties indemnitzatòries d'altres països membres de la UE, ja que en l'àmbit europeu s'han produït reformes tendents a garantir indemnitzacions suficients. Ara, recau sobre els advocats i altres operadors l'encertada aplicació del mateix.
Consumidores de Justicia
¿Por qué los ciudadanos no confían en la administración de justicia?. Pues a pesar de ello, hemos de decir que somos unos grandes consumidores de justicia, acudimos mucho a los tribunales, bien, me refiero a que acudimos bastante a los tribunales en auxilio de lo que se llama justicia. Lo cierto es que, con los tiempos que corren, también consumimos muchas noticias de caracter judicial. Actualmente, en muchos aspectos, podemos afirmar que nuestra vida está muy judicializada. Frente a esta situación de gran litigiosidad, ya se trató de disuadir a los ciudadanos con ir a los tribunales de justicia, con el establecimiento de las tasas judiciales, efecto conseguido sobre todo con la no recurribilidad de las resoluciones. Ya antes, habían alternativas voluntarias para no acudir a los tribunales de justicia, como son el arbitraje y la mediación. Son dos institutos que no ha terminado de tener calado, aunque se les haya fomentado como una solución alternativa a la judicialización de conflictos.
Al margen de que la ciudadanía valora negativamente el funcionamiento de la justicia, además, no hay una administración y un servicio píblico que se perciba más hostil, y que genere menos simpatia y confianza que la administración de justicia. Razones de ello, pueden ser varias, entre ellas: La lógica insatisfacción por el resultado de una resolución judicial; resoluciones incongruentes e ilógicas; la lentitud de los procedimientos; y porque no, el trato dispensado a los ciudadanos y a los justiciables, es decir, la falta de asertividad.
El mal funcionamiento que puedan percibir los ciudadanos, no sólo se ha de achacar a la falta de recursos materiales, argumento recurrente y socorrido, sino también a la falta de capacidad del personal de los juzgados y tribunales. Aunque no lo pueda parecer, los jueces, y los ahora llamados letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales), también son servidores públicos, destinados a servir a los ciudadanos, a los justiciables, y que han de dar cuenta de su ejercicio como altos funcionarios del Estado a través del Consejo General del Poder Judicial. Las decisiones que adoptan y las resoluciones que dictan los jueces estan sujetas entre otros, al principio de legalidad, y las resoluciones judiciales han de ser fundadas en derecho y suficientemente motivadas para preservar el llamado derecho a la tutela judicial efectiva que tiene todo justiciable, y que supone una garantía de que el juez se somete a la ley, al ordenamiento jurídico, y supone una prevención de la arbitrariedad, a la par que facilita el control de las resoluciones dictadas por los interesados.
Los abogados somos esos profesionales, que desempeñamos una función primordial, ya que actuamos como intermediarios, abogando por los intereses y derechos de los clientes que han de acudir a los tribunales solicitando justicia. La praxis forense demuestra que muchas veces da la sensación, que más que litigar ante los tribunales, se esté litigando con los tribunales en contra. Los rifirrafes con el personal de las oficinas judiciales son habituales, y los justiciables son a menudo testigos de actitudes y comportamientos muy alejados de lo que debería ser un servidor público. El problema es de raíz, el personal de los juzgados, aparece investido de un estatus que les confunde con la de una deidad. Se olvida que la administración de justicia como tal administración, es un servicio público, y todos los funcionarios adscritos a la misma, son servidores públicos. Y todo servicio público, como tal, esta destinado a servir, a atender a los ciudadanos. Y lo cierto es que esta concepción no aparece muy arraigada en la ciudadanía, y mucho menos asumida por los funcionarios de la administración de justicia.
Habrá que ir recordando, y así se dice en la website del Ministerio de Justicia, que el Pleno del Congreso de los Diputados, el 16 de abril de 2002, aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, como proposición no de ley, el texto de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, que establece un catálogo de derechos de los usuarios de la Justicia. Como muchas veces…papel mojado!.
Rojas Jaile advocat
Al margen de que la ciudadanía valora negativamente el funcionamiento de la justicia, además, no hay una administración y un servicio píblico que se perciba más hostil, y que genere menos simpatia y confianza que la administración de justicia. Razones de ello, pueden ser varias, entre ellas: La lógica insatisfacción por el resultado de una resolución judicial; resoluciones incongruentes e ilógicas; la lentitud de los procedimientos; y porque no, el trato dispensado a los ciudadanos y a los justiciables, es decir, la falta de asertividad.
El mal funcionamiento que puedan percibir los ciudadanos, no sólo se ha de achacar a la falta de recursos materiales, argumento recurrente y socorrido, sino también a la falta de capacidad del personal de los juzgados y tribunales. Aunque no lo pueda parecer, los jueces, y los ahora llamados letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales), también son servidores públicos, destinados a servir a los ciudadanos, a los justiciables, y que han de dar cuenta de su ejercicio como altos funcionarios del Estado a través del Consejo General del Poder Judicial. Las decisiones que adoptan y las resoluciones que dictan los jueces estan sujetas entre otros, al principio de legalidad, y las resoluciones judiciales han de ser fundadas en derecho y suficientemente motivadas para preservar el llamado derecho a la tutela judicial efectiva que tiene todo justiciable, y que supone una garantía de que el juez se somete a la ley, al ordenamiento jurídico, y supone una prevención de la arbitrariedad, a la par que facilita el control de las resoluciones dictadas por los interesados.
Los abogados somos esos profesionales, que desempeñamos una función primordial, ya que actuamos como intermediarios, abogando por los intereses y derechos de los clientes que han de acudir a los tribunales solicitando justicia. La praxis forense demuestra que muchas veces da la sensación, que más que litigar ante los tribunales, se esté litigando con los tribunales en contra. Los rifirrafes con el personal de las oficinas judiciales son habituales, y los justiciables son a menudo testigos de actitudes y comportamientos muy alejados de lo que debería ser un servidor público. El problema es de raíz, el personal de los juzgados, aparece investido de un estatus que les confunde con la de una deidad. Se olvida que la administración de justicia como tal administración, es un servicio público, y todos los funcionarios adscritos a la misma, son servidores públicos. Y todo servicio público, como tal, esta destinado a servir, a atender a los ciudadanos. Y lo cierto es que esta concepción no aparece muy arraigada en la ciudadanía, y mucho menos asumida por los funcionarios de la administración de justicia.
Habrá que ir recordando, y así se dice en la website del Ministerio de Justicia, que el Pleno del Congreso de los Diputados, el 16 de abril de 2002, aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, como proposición no de ley, el texto de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, que establece un catálogo de derechos de los usuarios de la Justicia. Como muchas veces…papel mojado!.
Rojas Jaile advocat
miércoles, 13 de enero de 2016
Rojas Jaile Advocat: Nueva dirección
Rojas Jaile Advocats ha cambiado de sede, ahora pueden encontrarnos en:
Calle Balmes 256, principal 2, 08006 Barcelona
Teléfono 934 159 739
Esperamos verles pronto¡
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